El juez estrella y otros astros del juicio al 'procés' Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1285. 15  de marzo de 2019

- - --

Política / Virginia Miranda

Marchena se corona, la Fiscalía zozobra y las defensas regatean

El juez estrella y otros astros del juicio al ‘procés’

El juicio del procés se aproxima a su ecuador y sus protagonistas ya han dejado su impronta. Acusados, testigos y, también, los representantes legales en cuyas manos está el proceso más mediático y político que se recuerda. Todas las miradas están depositadas en Manuel Marchena, un alarde procesal que ha merecido popularidad y reconocimiento. Las defensas se dividen entre las más partidistas, que se afanan en sortear al presidente del tribunal con sus preguntas, y las más técnicas, con intervenciones notables glosadas por las crónicas diarias. Peor parada está saliendo la Fiscalía, acusada de falta de preparación y argumentos para sostener las acusaciones de rebelión y sedición. Cada uno en su papel y, se está demostrando, sin un guión preestablecido.


El juez Marchena ha merecido un reconocimiento prácticamente unánime, Zaragoza ha evidenciado las lagunas del escrito de acusación yMelero es el más técnico de los letrados de la defensa. / EUROPA PRESS

Conservador aunque sin afiliación a ninguna asociación de magistrados, Marchena ha refrendado su fama de juez sólido con ‘auctoritas’, conocimiento y veteranía   Presente en los inicios de Ciudadanos y abogado de Artur Mas y Oriol Pujol, Melero defiende a Forn y Borràs con la mayor argumentación técnica desplegada por las defensas

Los doce acusados del procés llegaban el 12 de febrero al Tribunal Supremo para ser juzgados por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia presuntamente cometidos desde la aprobación de las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017 hasta la declaración unilateral de independencia de Cataluña del 27 de octubre de aquél año, con los altercados del 20 de septiembre ante la Consellería de Economía y el referéndum ilegal del 1 de octubre de por medio.

Por el camino, fugas, prisiones provisionales, cambios de jurisdicción y mucha, mucha batalla partidista. Tanta, que muchos piensan que se les fue de las manos. A todos. Por eso suceden cosas como que un mismo caso se juzgue en tres sedes distintas –Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña otros seis líderes independentistas y la Audiencia Nacional cuatro responsables policiales– provocando incoherencia jurídica, dicen fuentes de la magistratura, o que tribunales de Bélgica y Alemania hayan coincidido en desestimar el delito de rebelión que implica violencia insurrecta y conlleva las penas de prisión más altas.

Desde el inicio del proceso, el recurso de la Fiscalía primero y la instrucción del juez Pablo Llarena después han provocado incomodidad. En el Gobierno de Mariano Rajoy, que se vio obligado a desplegar una intensa labor diplomática para poner coto a las críticas emanadas de Europa, hasta en el último de los tribunales.

También en el Supremo, con más de 600 periodistas nacionales e internacionales acreditados en un juicio que puede seguirse en directo a través de la señal de televisión disponible por el gran público a través de canales de las públicas TVE y TV3 y de las páginas web de los principales diarios.

A la Sala Segunda llegó un proceso que, desde su origen, desbordó los límites jurídicos para retroalimentarse del conflicto entre Moncloa y la Generalitat y, conociendo la fuerte tentación a uno y otro lado del independentismo por convertir el juicio en escenario de propaganda electoral, el tribunal que juzga a los doce acusados del procés vigila, desde el primer día, que la excepcionalidad no desvirtúe el fin último de hacer justicia.

El juez didáctico y firme

Al frente de este grupo de siete magistrados se encuentra Manuel Marchena. Precedido por la polémica del pasado mes de noviembre, cuando renunció a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo después de que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, dijera en un sms filtrado a la prensa que con él controlarían “la Sala Segunda por detás” –se le considera conservador aunque no está afiliado a ninguna asociación judicial–, en este mes largo de juicio ha demostrado ser el juez “sólido, dialogante, con auctoritas, conocimiento y veteranía” merecedor del respeto generalizado del que hablaban fuentes judiciales consultadas por esta revista poco antes de la polémica.

Marchena pudo no haber sido el gran protagonista del juicio de no haberse frustrado el acuerdo inicial del PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces o de haber prosperado la petición de recusación de los procesados; alegaron que tanto él como otros cuatro magistrados debían ser apartados del caso porque participaron de la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía.

Pero el Supremo rechazó las recusaciones y el juez canario se confirmó como ponente y futuro redactor de la sentencia, una tarea para la que goza de la máxima cualificación por su profundo conocimiento de la causa, dicen fuentes judiciales. Por eso y por su exquisita observación en la sala de las formas y el fondo procesal, que no rehúye de la ironía ni de la firmeza cuando es necesario.

En algo más de un mes de juicio, el balance sobre Marchena ha sido positivo; según un sondeo de Metroscopia para el grupo Henneo conocido estos días, el 68 por ciento de la ciudadanía se ha formado una opinión sobre él, siendo favorable en un 76 por ciento de los casos.

De forma casi siempre didáctica, a veces entrando en abierta confrontación con las partes cuando tratan de soslayar su autoridad jurisdiccional, el también presidente de la Sala Segunda del Supremo ha corregido a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, a la acusación popular de Vox y a los abogados de la defensa; casi siempre a estos dos últimos y en la mayoría de los casos cuando ha visto en las preguntas una clara intencionalidad política.

Los abogados políticos y los técnicos

No todas las defensas siguen la misma estrategia y no todas han alcanzado el mismo protagonismo en el juicio del procés. Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y de Raül Romeva, y Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, son los que más encontronazos han tenido con Marchena por la politización que sus defendidos han querido dar al proceso bajo la batuta del exconseller y coordinador de las defensas, Frances Homs.

Los críticos con el magistrado consideran que podría haber incurrido en una vulneración del derecho de defensa, entre otras cosas, por no permitir el visionado de vídeos sobre las cargas policiales aportados por estos letrados. El juez, que permitió ver una de estas grabaciones coincidiendo con el testimonio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en varias ocasiones que el tribunal verá todas las pruebas aportadas por las partes antes de redactar una sentencia y nada cambia que se visionen o no durante la fase testifical.

Nada, salvo la estrategia de los acusados que insisten en demostrar que el del procés es un juicio político y que Marchena trata de bloquear en cada sesión sabedor de que, por mucho que vigile las garantías procesales y por muy armado que vaya a estar el fundamento jurídico de la sentencia del tribunal, las defensas la recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Defensor de Joaquim Forn y de Meritxell Borràs, Xavier Melero es el técnico de la defensa. Los muchos perfiles publicados al calor de sus notables intervenciones en la sala que enjuicia a los doce promotores del procés destacan su profesionalidad; ha sido abogado de Convergència Democràtica (CDC) –ha defendido a Artur Mas y a Oriol Pujol en sendos procesos penales– y participó en aquellas primeras reuniones de intelectuales que pretendían articular un contrapeso al nacionalismo en Cataluña y que acabaron siendo el germen de Ciudadanos.

Ese perfil técnico y su acreditada solvencia como letrado le han permitido poner contra las cuerdas a testigos como la vicepresidenta del Gobierno con un claro objetivo; desmontar las acusaciones de rebelión y sedición, las más graves y también las más endebles.

La Fiscalía lenta, pero firme

La petición del delito de rebelión por parte del fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, generó preocupación en el Gobierno de Mariano Rajoy. Después llegaron las resoluciones de tribunales europeos, que daban la razón al más de un centenar de penalistas españoles dudando que pudiera sostenerse en un juicio –“El grado de violencia aquí, si es que hubo alguno, está basado como mucho en desórdenes públicos y de bajísima intensidad” y, por tanto, “no era una violencia insurreccional”, defiende el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll–. Y los fiscales del procés, con sus primeras actuaciones que no se corresponden con su veteranía y profesionalidad, han puesto en evidencia la poca consistencia de unos indicios sobre los que pretenden sostener la más grave de las acusaciones. 

Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza son los representantes del Ministerio Público en el juicio del procés. El primero, fiscal del Supremo desde hace diez años, ejerció durante casi dos décadas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El segundo llegó en 2003 y ha participado en juicios de gran relevancia mediática como el del 11-M o el del 9-N contra el hoy coordinador de las defensas. La tercera fue, de enero de 2015 a noviembre de 2016, la primera mujer en ser nombrada fiscal general del Estado. Y el último fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional durante once años, donde alcanzó renombre en los juicios contra el narcotráfico y el terrorismo de ETA.

El arranque del juicio no hizo justicia a semejantes currículos y, a pesar de que los fiscales han tratado de cargar las tintas con las acusaciones de rebelión y sedición, la desobediencia y la malversación, con menor carga penal y política pero con mayor peso argumentativo, les ha dado algún respiro; testimonios como los de los letrados del Parlament han abundado en la tesis del Ministerio Público, que logró que su expresidenta, Carme Forcadell, acabara admitiendo la desobediencia, y los testimonios acerca de la campaña de difusión del 1-O ha acabado con la petición de investigación por falso testimonio a Jaume Mestre, responsable de Difusión Institucional de la Generalitat.

Trapero ha asegurado que tenían un dispositivo para detener a Puigdemont y los ex 'consellers'. / EUROPA PRESS

La sorpresa de Trapero

La Fiscalía, pasadas las primeras semanas de errores y debilidad en sus interrogatorios, había cogido buen ritmo. Pero, a consecuencia de un error procedimental, dejó escapar su oportunidad durante la testifical del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero. Como el Ministerio Público le acusa de rebelión en la causa separada que se sigue en la Audiencia Nacional, decidió no pedir que declarara como testigo en el Supremo. Y como el secretario general de Vox y abogado de la acusación popular, Javier Ortega Smith, no lo planteó en el interrogatorio que sí había solicitado al tribunal, Javier Zaragoza se quedó sin poder preguntar si, como habían declarado los también testigos y mandos de los Mossos, Manuel Castellví y Emili Quevedo, advirtió a Carles Puigdemont los días 26 y 28 de septiembre de 2017 que la celebración del referéndum declarado ilegal podría traer consigo situaciones de violencia.

“Disculpe, señor presidente. El tema es de indudable interés, pero a la vista de lo peticionado por la acusación popular que plantea la prueba de su interrogatorio, las preguntas del fiscal en este punto parece que desbordan el marco de la testifical”, intervino rápido el ‘técnico’ Melero. Marchena y el resto de magistrados deliberaron sobre el asunto y dieron la razón al abogado de Forn. Pero el presidente del tribunal, haciendo gala una vez más de su solidez jurídica, no dejó escapar la cuestión.

“Señor Trapero, antes de marcharse, la ley de enjuiciamiento criminal, en el artículo 708 en su párrafo segundo, dice textualmente que ‘el presidente por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre que se declaren’”. Por tanto, “¿qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene?”.

“Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros”. “Les dijimos –añadió– que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad ni la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista”.

Pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, Trapero acudía al Supremo como testigo pero en su caso no había obligación de decir la verdad. A pesar de ello, la declaración fue lo segundo más destacado del día. Lo primero, que tenía preparado un dispositivo para “la detención del president y de los ex consellers si se nos ordenaba” por mandato judicial.

Con algún altibajo, los protagonistas ‘legales’ del juicio del procés llevan más de un mes dando una clase práctica de Justicia a todo aquel que quiera seguirla. Todos menos Vox, cuyas expectativas de convertir el proceso en un escaparate político se han visto anuladas por incomparecencia de talento jurídico y procedimental.